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Aprobado el proyecto de ley de seguridad privada

La liberalización de la consultoría de seguridad, la aclaración de competencias entre empresas de seguridad privada y agencias de detectives, y la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de seguridad privada son algunas de las novedades que incluye el Proyecto de Ley de Seguridad Privada que ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros.
El objetivo de esta nueva normativa, que la semana que viene será remitida al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria, "es regular de manera integral la seguridad privada en España, en términos más concretos y más exigentes, para dar respuesta a las nuevas demandas", según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El nuevo texto, y así lo ha explicado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, define la seguridad privada como complementaria, subordinada, colaboradora y controlada por la seguridad pública. "No se trata -ha dicho- de privatizar la seguridad, sino de utilizar su potencial en beneficio de todos los ciudadanos, que ahora cuentan con un instrumento que garantizará mejor su seguridad y su libertad".
Además, "impulsará la coordinación y cooperación entre los sectores de la seguridad pública y privada, y abrirá la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad", ha afirmado el titular de Interior.
El Proyecto de Ley que hoy se ha aprobado fue presentado al Consejo de Ministros el pasado 12 de abril, "pero se han introducido algunas modificaciones", según ha informado Fernández Díaz, tras las observaciones que se han recibido de entidades del sector, detectives privados, sindicatos, gremio de joyeros, así como de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la Generalitat de Cataluña, la Comisión Nacional de la Competencia, y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Principales novedades
A partir de ahora, la nueva normativa recogerá el deber de comunicar los contratos al Registro Nacional de Seguridad Privada, sin que dicha comunicación incluya datos de carácter personal.
Para reforzar el deber de reserva profesional de los detectives, estos sólo podrán informar de sus investigaciones a sus clientes o a los órganos judiciales y policiales en el ejercicio de sus funciones.
El nuevo texto clarifica la distribución de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas con atribuciones en esta materia, a la luz de las modificaciones de los Estatutos de Autonomía en los últimos años.
En cuanto a la liberalización de la consultoría de seguridad, si antes era necesaria la elaboración de análisis de riesgos, informes, planes y auditorías de sistemas de seguridad (todas ellas actividades de seguridad privada que requerían autorización), a partir de ahora se sustituyen determinadas autorizaciones previas para el ejercicio de ciertas actividades, por declaraciones responsables (sin perjuicio de la facultad de comprobación administrativa).
Se ha adoptado medidas muy precisas para evitar el intrusismo profesional, reforzando la protección jurídica contra las agresiones y dando el valor que corresponde, como agentes de la autoridad, a los vigilantes de seguridad durante el desempeño de sus funciones.
Finalmente, los servicios que no podrán realizar las empresas de seguridad privada son los de investigación privada, reservados a las agencias de detectives.
El proyecto de ley que ahora se enviará a las Cortes Generales sustituirá, una vez concluido el trámite parlamentario, a la actual Ley de Seguridad Privada, que data de 1992, y que fue pionera en su momento e imitada por otros países de nuestro entorno.

La seguridad privada en España
La seguridad privada en España ha experimentado, según el titular de Interior, "un extraordinario desarrollo en los últimos años". Este sector está compuesto por alrededor de 1.500 empresas, con una plantilla de 85.000 personas y una facturación de más de 3.000 millones de euros, según los datos correspondientes a 2012.
"La seguridad privada de España -ha explicado Fernández Díaz- está muy bien posicionada en el ámbito internacional". De hecho, según el ministro hay alguna empresa española "que está a la cabeza de las más importantes a nivel internacional". Sin embargo, "nos encontramos con que el número de agentes de seguridad privada que tiene España es el más reducido del conjunto de la Unión Europea". Según los datos proporcionados por el titular de Interior, mientras que la media de la UE es de 271 vigilantes privados por cada 100.000 habitantes, en España es de 195, "lo cual indica que hay mucho recorrido por delante", ha subrayado.

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