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La Seguridad Privada exige su Convenio Colectivo


CCOO y UGT están viendo cómo un gran número de empresas han iniciado procedimientos de descuelgue salarial, a fin de conseguir sus objetivos por otra vía. "Entretanto, la Administración, principal usuario de estos servicios, no solo mira hacia otro lado sino que participa en el juego que interesa a las empresas", aseguran

'Seguridad privada, cumplir el convenio firmado. No a los descuelgues salariales. ¡Basta ya!'. Éste era el lema de la pancarta principal que arropó a los profesionales de la seguridad privada para denunciar la falta de compromiso y palabra de la patronal del sector, Aproser, Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad. Además de los 240 representantes sindicales de ambos sindicatos en este sector, que tienen más del 70% de representación en las empresas en esta autonomía, también se sumaron a la movilización más profesionales afectados. 

“El malestar entre los profesionales de la seguridad privada está más que justificada. No en vano, después de firmar un acuerdo con la patronal, que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, va y no lo cumple. Es inadmisible, son unos auténticos piratas y no lo vamos a consentir. Vamos a continuar luchando para que se cumpla lo que se ha pactado”, remarcó Lourdes Herreros García, de Comisiones Obreras.

Y añadió: "Tienen como marco regulador de sus condiciones de trabajo el convenio colectivo de ámbito estatal que fue firmado en el año 2012. Este convenio ha sufrido varias renegociaciones puesto que las organizaciones sindicales hemos admitido modificaciones sustanciales hasta en dos ocasiones, con la intención de salvaguardar el empleo y el propio sector. Pero el último acuerdo alcanzado, hace apenas seis meses, ya no es suficiente para la patronal Aproser, que ha vuelto a anunciar la imposibilidad de cumplirlo por tercera vez".
CCOO y UGT están viendo cómo un gran número de empresas han iniciado procedimientos de descuelgue salarial, a fin de conseguir sus objetivos por otra vía. "Entretanto, la Administración, principal usuario de estos servicios, no solo mira hacia otro lado sino que participa en el juego que interesa a las empresas, puesto que en los procesos de licitación no se tiene en cuenta a la hora de las adjudicaciones que las empresas cumplan o no los compromisos que se derivan del convenio colectivo", denuncian.


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