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Quince vigilantes de juzgados demandan a la empresa tras dos meses sin cobrar


La mercantil se escuda en que la Generalitat le debe dinero y la Conselleria de Hacienda dice que pagará el día 16

La deuda de la administración autonómica sobrepasa los 1,8 millones de euros.

Una quincena de vigilantes de seguridad de la provincia han interpuesto de forma coordinada demandas de reclamación de cantidad después de acumular dos meses sin cobrar sus salarios, según el bufete de abogados que les representa. Algunos de ellos, representados por el despacho Pretor Abogados, también han solicitado la extinción de la relación laboral, que equivaldría a un despido improcedente, puesto que pese a no cobrar su salario tienen que seguir yendo a trabajar para que no se les aplique una baja voluntaria.

Tras ver cómo pasaban los meses de octubre y noviembre sin recibir sus sueldos, los trabajadores lamentan que la empresa no les dé respuesta más allá de comunicarles extraoficialmente que no puede hacer frente a las nóminas por impagos de la Generalitat Valenciana.

La mercantil CECA Seguridad, adjudicataria del contrato de vigilancia de las sedes judiciales de la comunidad, no ha respondido por su parte a las preguntas de este diario. Por otro lado, la Conselleria de Hacienda sí ha confirmado que mantiene una deuda con la mercantil, aunque sin precisar qué parte de esa deuda corresponde al contrato de vigilancia de sedes judiciales o si tiene que ver con otras adjudicaciones.

En cualquier caso, la administración asegura que la mercantil está incluida en un plan de pago a proveedores y que el montante total de la deuda se satisfará el día 16. Según ha podido saber este diario, la cantidad prevista para abonar a empresa 1.685.507 euros, si bien la administración desconoce qué parte equivaldría a lo salarios de los trabajadores.

Mientras tanto, los trabajadores demandantes están convocados unos días después para un acto de conciliación en la dirección Territorial de Ocupación y Trabajo, en un encuentro previo con la empresa que podría, en caso de compromiso de pago, evitar que la demanda tenga que resolverse en un juicio que podría no llegar a señalarse hasta dentro de varios meses.

Los empleados ya se encontraron en 2013 en una situación similar, con varios meses de atrasos en sus nóminas.


Informa "diarioinformacion.com"

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