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La Guardia Civil persigue a los vigilantes de seguridad para que se pongan la placa en castellano

Desde hace unas semanas agentes de la Guardia Civil del aeropuerto de Barcelona piden a los vigilantes de seguridad que se cambien la placa del uniforme que llevan en catalán por una en castellano, según ha podido saber El Nacional. La placa lleva el número identificativo de cada agente y la inscripción "Vigilante de seguridad".

Las empresas de seguridad privada hicieron hacer las placas nuevas en catalán a sus trabajadores hace unas semanas basándose en la orden INT/14/2012, del 17 de enero de la Ley de Seguridad Privada que regula, entre otras cuestiones, las características de los distintivos de los vigilantes. Pero hace unos días que los agentes de la Guardia Civil que trabajan en el aeropuerto, que son los que tienen las competencias de la seguridad, están pidiendo a los vigilantes de diferentes empresas de vigilancia privada que se cambien las placas y se las pongan en castellano. Argumentan que hay un reglamento que los obliga a llevar la placa en castellano y que si no lo cumplen los pueden multar o incluso inhabilitar.

Poco a poco, los vigilantes se han ido cambiando, de nuevo, las placas. Se las compran ellos. Cuestan 12 euros. Se las encargan y pagan los mismos agentes de seguridad. Algunos las compran por Internet.

Fuentes de la Guardia Civil explican a El Nacional que aunque el mencionado nuevo reglamento no existe, sí que está la sentencia judicial que anula la orden de la Generalitat que obligaba a los vigilantes a llevar la placa en catalán. La sentencia, sin embargo, estaba pendiente del recurso que había presentado a la Generalitat. Se ha resuelto este año. Y el Tribunal Supremo da la razón a la Delegación del Gobierno Español que es quien pidió anular la orden. Y por lo tanto, la Guardia Civil la intenta hacer cumplir persiguiendo a los vigilantes que llevan la placa en catalán para que se la cambien al castellano.

Con todo, fuentes policiales aseguran que "no hay ninguna instrucción de la Guardia Civil" para ordenar a los vigilantes que se cambien las placas. También aseguran que no han recibido ninguna queja de las diferentes compañías de seguridad privada que operan en el aeropuerto. "La relación entre Guardia Civil y empresas es muy buena", aseguran.

Las diversas compañías de seguridad privada que operan en el Aeropuerto del Prat admiten que tienen conocimiento de los hechos. "Acatamos la sentencia" dicen en declaraciones a El Nacional, pero también reconocen que en ningún momento han comunicado a su personal que se ha derogado la orden que establecía que las placas se tenían que llevar en catalán y que se las tienen que cambiar. Por lo tanto, los vigilantes que trabajan en el Aeropuerto codo con codo con la Guardia Civil no saben nada.

Algunos de los vigilantes de seguridad se han encontrado en plena operación de las vacaciones de verano, con las largas colas en los controles de pasajeros, y con la Guardia Civil en la nuca pidiéndoles que se cambien la placa bajo la amenaza de ser expedientados sin que nadie de su empresa les haya comunicado cuál es la legislación vigente y que ya hay sentencia firme sobre la disputa lingüística entre la Generalitat y el Estado.

Cuatro años esperando la sentencia
La decisión sobre si las placas de los vigilantes de seguridad tienen que ser en catalán o castellano ha acabado en el Tribunal Supremo. El Supremo ha anulado la orden porque argumenta que la Generalitat "pretende desplazar el uso del castellano".

El año 2012 la Generalitat modificó la ley y aprobó una nueva orden donde se establecía que los vigilantes de seguridad tenían que llevar la identificación en catalán, porque esta es la lengua oficial de Catalunya. Pero la Delegación del Gobierno Español en Catalunya recurre a la Abogacía del Estado y presenta un recurso. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya resuelve en el 2013 que la identificación tiene que ser en castellano.

Ante la sentencia la Generalitat presenta un recurso de casación y el caso se eleva al Supremo. El Gobierno catalán alegó que el Estatut d'Autonomia de Catalunya "habilita a la Generalitat en virtud de su competencia lingüística para la adopción de las disposiciones encaminadas a promover la normalización lingüística entendida como las disposiciones orientadas a asegurar el respeto y el fomento del uso de la lengua propia de Catalunya, corrigiendo una situación histórica de desigualdad con respecto al castellano".

Justo este mes de abril, tres años después del inicio de la disputa, el alto tribunal ha resuelto que las placas tienen que ser en castellano. Argumenta, a pesar de que el catalán es la lengua oficial de Catalunya, "el Estado tiene competencia exclusiva para regular la prestación de los servicios de seguridad por empresas privadas y sobre su personal al formar parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo 149, 1 29 de la Constitución". La sentencia del Supremo también remarca que "Los vigilantes de seguridad privada ni se tratan de una actividad administrativa ni una empresa pública o concesionaria de un servicio público, sino de una actividad complementaria y subordinada respecto de las de seguridad pública prestada por empresas privadas". Con eso argumenta que la Generalitat no tiene competencias "sectoriales para regular la actividad de seguridad privada" y tampoco puede incidir en materia lingüística y menos "para sustituir los distintivos fijados por la normativa estatal por una regulación que pretende desplazar el uso del castellano".

Catalán lengua oficial
La Generalitat tiene competencias en materia de seguridad privada. Así lo establece el artículo 163 del Estatut d'Aautonomia de Catalunya, con respecto a la autorización de las empresas de seguridad privada que tienen su domicilio social en Catalunya y cuyo ámbito de actuación no rebasa este territorio; la inspección y la sanción de las actividades de seguridad privada que se cumplen en Catalunya, la autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada y la coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con la policía de la Generalitat y las policías locales de Catalunya. Además, el Decreto 272/1995, de 28 de septiembre, también regula el ejercicio de competencias que corresponde a la Generalitat de Catalunya en materia de seguridad privada.

El Estatut, además, concreta que la lengua propia de Catalunya es el catalán y que, por lo tanto, es la lengua oficial. Igual que también lo es el castellano, porque de hecho, lo es a todo el Estado Español.



Informa "elnacional.cat"

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