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Los vigilantes de oficinas de turismo, en huelga indefinida desde mañana

Los noventa vigilantes de seguridad de las oficinas de turismo y cultura de la Comunidad de Madrid están llamados desde esta medianoche a secundar una huelga indefinida, convocada por el Sindicato Libre de Seguridad (SLS), para protestar por la bajada salarial de la que culpan al nuevo adjudicatario del servicio.

Con los paros el sindicato, mayoritario en el sector, pretende que la empresa adjudicataria, Sinergias de Seguridad y Vigilancia, criticada por descolgarse del convenio estatal y aplicar el de la compañía, respete el salario que tenían antes o que la Comunidad rescinda el contrato.

Pocas horas antes de que comience la huelga los servicios mínimos no están establecidos después de que SLS rechazase una propuesta de la empresa al considerarla "abusiva".

El sindicato espera una comunicación oficial de la Comunidad de Madrid o de Delegación de Gobierno que fije los servicios mínimos.

Desde mediados de julio, cuando la nueva empresa pasó a gestionar el servicio y subrogó a los trabajadores, los vigilantes han sufrido una rebaja salarial del 40 % que han visto reflejada ya en la nómina de agosto, según ha indicado a Efe un portavoz del Sindicato Libre de Seguridad.

El sueldo medio de un vigilante privado asciende, según el convenio estatal, a 1.100 euros al mes, pero con las nuevas condiciones ha pasado a 780 euros.

El sindicato de vigilantes espera lograr avances tras la convocatoria de huelga indefinida ya que la solución judicial podría demorarse de dos a tres años, según ha indicado su portavoz.

Los responsables del sindicato SLS, que se han reunido con el viceconsejero de Presidencia de la Comunidad, Enrique Ruiz, sin conseguir avances, rechazan la contratación de Sinergias de Seguridad, que en el sector, según SLS, es tildada de "pirata", por hacer uso de "prácticas tramposas".

Además de con el viceconsejero, el sindicato se reunió con las consejerías de Educación y Empleo para pedirles que incluyesen en sus pliegos de contratación una cláusula para rechazar a las empresas que rebajen las condiciones laborales del convenio estatal; una mediación que dio frutos con esos dos departamentos pero no con el de Presidencia, según han señalado a Efe.

El conflicto laboral también ha tenido eco político ya que el diputado regional de Ciudadanos Francisco Lara ha solicitado que el viceconsejero de Presidencia informe al respecto en la comisión correspondiente, una comparecencia que de aprobarse se produciría en septiembre cuando las comisiones retomen el trabajo.



Informa "agencias.abc.es"

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