23 de agosto de 2016

La seguridad privada quiere anular los recitales ante la Catedral por "temerarios"

La asociación de los profesionales del sector denuncia la falta de "vías de evacuación y de control en los accesos" a los conciertos mateínos

E. VÉLEZ "Es una grave temeridad y una irresponsabilidad hacer los conciertos de San Mateo en la Catedral tal y como están planteados, sin apenas vías de evacuación ni controles de acceso". Jorge Cuesta, representante de la Asociación de Vigilantes de Seguridad de Asturias (Avispa) anunció ayer que su agrupación exige la suspensión inmediata de las actuaciones mateínas en la plaza de Alfonso II el Casto y pide la búsqueda de una ubicación alternativa a veinticuatro días vista de que empiecen las fiestas. Lo hizo con una abultada carpeta bajo el brazo, llena de copias del informe que esa misma mañana presentó ante la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional, la Unidad Territorial de Seguridad Privada, el Ayuntamiento, el Alcalde, la concejalía de Seguridad Ciudadana, la SOF y el presidente de la Sociedad Ovetense de Festejos, Roberto Sánchez Ramos.

La asociación fue más allá y advirtió de que si la localización de los conciertos no cambia el día 16 de septiembre -el primer día de San Mateo- acudirá a los tribunales para frenar las actuaciones y "evitar poner en riesgo al público".

Cuesta, que estuvo acompañado por el responsable de los servicios jurídicos de su asociación, Graciano Amado Maujo, explicó detalladamente las dimensiones de la plaza de la Catedral, su capacidad y el tiempo que -a su juicio- se tardaría en sacar a los espectadores en caso de necesidad. En concreto, 2 minutos y 31 segundos. "Tiempo, a todas luces, excesivo y que encima puede aumentar considerablemente". El factor que sumaría segundos o minutos a la evacuación sería el estado en el que se encuentren los asistentes. "Si hay gente en estado de embriaguez, si llevan botellón, si se tiran en el suelo a beber o si van bajo los efectos de estupefacientes o demás, la cosa se complicará mucho".

Según el portavoz de la Asociación de Vigilantes de Seguridad, Privada el aforo máximo de la plaza de Alfonso II el Casto es de 4.580 personas, mientras que este San Mateo podrían juntarse allí más de 5.000. Para Avispa, el número de espectadores con el que no se correrían riegos sería de 2.000. Así, la agrupación exige un control de acceso. Por ejemplo, con pulseras en las muñecas.

La cuestión fundamental es por dónde salir en caso de emergencia. Los vigilantes señalan a la calle del Águila como única posibilidad: "No se han previsto vías para la entrada o salida de ambulancias o coches de bomberos porque habrá aglomeraciones, puestos ambulantes o chiringuitos, y la calle del Águila tampoco cumple todos los requisitos de evacuación porque previsiblemente estará bastante saturada".

El documento que Avispa presentó ayer especifica que la plaza de la Catedral tiene 2.290 metros cuadrados que en realidad se quedarán en 1.600 al recortar el espacio de escenario y camerinos. Además, habrá 300 metros cuadrados reservados para personas con problemas de movilidad "de los cuales la SOF no indica su ubicación exacta".

Tras enumerar "el desaguisado que supondrá hacer conciertos ante San Salvador" , el representante de los vigilantes trató de quitar dramatismo diciendo que no era algo "apocalíptico", pero que "como padre, yo prohibiría a mis hijos ir a estos conciertos de San Mateo en la Catedral".

Cuesta esgrimió el informe sobre las condiciones de seguridad de la plaza que elaboró el SEIS (Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento) en 2012. Entonces, la conclusión de los bomberos era que "la plaza no debería ser utilizada para la realización de grandes conciertos, o la realización de cualquier otro tipo de acto susceptible de obstruir una o varias vías de evacuación (...)".



Informa "Ine.es"

Huelga de vigilantes en Madrid tras contratar al 'capo' de la seguridad canaria

Miguel Ángel Ramírez. (EFE)
Los profesionales denuncian que el nuevo acuerdo con Sinergias de Seguridad les reduce el sueldo casi un 40% y les deja con algo más de 700 euros al mes

Los vigilantes de seguridad privada que prestan servicio en edificios públicos viven constantemente a la expectativa de cuál será la próxima empresa que contrate la Administración. Si es una mercantil que se adecua al convenio colectivo del sector, estos profesionales respiran. Podrán seguir cobrando 1.100 euros durante unos cuantos meses más. Si la sociedad a la que se le adjudica el contrato es de las que ellos denominan 'piratas', la cosa se complica. Los afectados automáticamente piensan en sus hijos y en si podrán a partir de ahora seguir haciendo frente a esa multitud de necesidades que tienen los pequeños diariamente.
En este segundo caso se sitúan las decenas de vigilantes que trabajan en los edificios de las oficinas de turismo y cultura de la Comunidad de Madrid, dependientes de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno presidido por Cristina Cifuentes. Estos departamentos otorgaron el pasado 16 de julio los servicios de control de accesos a Sinergias de Seguridad y Vigilancia, compañía que los empleados enmarcan en el conjunto de las que, acogiéndose en ocasiones a la reforma laboral, se descuelgan del convenio colectivo.
El Sindicato Libre de Seguridad (SLS), que aglutina a gran parte de los profesionales afectados, recurrió la decisión del Ejecutivo regional, pero únicamente logró que la Comunidad de Madrid retrasara tres días la adjudicación. Los vigilantes vieron cómo de la noche a la mañana perdían casi 400 euros mensuales de sueldo (de los 1.100 euros que cobraban, pasaban a poco más de 740) y comenzaron a organizarse para protestar.

A partir del próximo 25 de agosto, estos profesionales se pondrán en huelga con unos servicios mínimos que no ha querido pactar aún la Comunidad de Madrid

A partir del próximo 25 de agosto, estos profesionales -convocados por el mencionado sindicato- se pondrán en huelga con unos servicios mínimos que, según aseguran desde SLS, no ha querido pactar aún la Comunidad de Madrid. Los responsables del sindicato argumentan en un comunicado que "desde hace más de un año" vienen reclamando al Gobierno regional que contrate empresas que respeten el convenio colectivo, pero observan cómo el Ejecutivo autonómico hace caso omiso a sus reivindicaciones. "A pesar de nuestro empeño, siguen adjudicando los servicios de seguridad a empresas como Sinergias", subrayan.
"Para la Administración, al final es solo cuestión de ahorro", asegura el sindicato, que añade que a la Administración "le importan un pimiento" las consecuencias que sus decisiones tienen sobre los trabajadores. Argumentan que la justicia es lenta y recuerdan casos como el de Magasegur, al que los tribunales anularon finalmente el convenio por pagar un 20% por debajo.




La concesión del servicio a Sinergias ha trascendido también a nivel político. En concreto, a la Asamblea de Madrid. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, a través del diputado Francisco Lara, ha solicitado la comparecencia del viceconsejero de Presidencia, Enrique Ruiz, en comisión "con el objeto de informar sobre las medidas adoptadas ante el anuncio de la convocatoria de huelga". El pasado marzo, los vigilantes que protegen el edificio que el Ministerio de Presidencia del Gobierno de España tiene en el número 54 de la madrileña avenida de Manoteras -que alberga parte de las instalaciones donde se hace el Boletín Oficial del Estado (BOE)- pasaron a depender de la mercantil Sinergias de Vigilancia y Seguridad, como publicó el propio BOE tras sacar a concurso el servicio el pasado 9 de diciembre. Los cerca de 30 empleados vieron reducido su sueldo en cantidad similar a la que han perdido sus compañeros de las oficinas de turismo y cultura de la Comunidad de Madrid.

Informa "elconfidencial.com"